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Oct 04, 2019

Empresarios de la región rajados en prevención del soborno y corrupción

Así lo reveló una encuesta realizada por instituciones colombianas en colaboración con seis países más, en la que también se señala que las iniciativas para prevenir el soborno y la corrupción son desconocidas y hay bajo control por parte del sector privado frente a estos riesgos.

Aunque el estudio no descubre ante nuestros ojos algo nuevo, es un gran punto de partida para empezar a pensar diferente frente a la forma en la que se han abordado la prevención de los fenómenos del soborno y corrupción, así como su lucha, desde la perspectiva privada.
Este informe tuvo como objetivo, como lo señaló Gustavo Yépez López, investigador principal del estudio y director de la facultad de administración de empresas de la Universidad Externado, el identificar tres aspectos fundamentales en el ámbito empresarial Vs la corrupción y el soborno.

En el “Estado de las prácticas empresariales contra el soborno: primer estudio latinoamericano”, se buscó establecer el nivel de conocimiento de los empresarios respecto a las leyes de sus países asociadas a la corrupción y el soborno, así como las iniciativas voluntarias.
Además, se perseguía el conocer cuáles eran las prácticas de los empresarios al respecto y si se esforzaban por cumplir ese tipo de reglas. Así como el conocer el nivel de los esfuerzos realizados por las empresas para combatir el soborno.

Y por último, se indagó por los hábitos, “que es un poco más difícil y lo que hicimos fue tratar de preguntarle a nuestros encuestados cómo percibían a los demás. Y al final, indagamos un poco acerca de cómo se percibían ellos, para conseguir identificar la frecuencia de los comportamientos percibidos asociados al soborno”.
Se trata de la primera apuesta regional concentrada en el sector privado para evaluar los fenómenos del soborno y la corrupción, pues la mayoría de estudios se centran por lo general en el sector público, comentó Yepes.

Esta encuesta que fue realizada en siete países México, Guatemala, Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Argentina, por un equipo de 32 profesores que hizo parte del trabajo desde el 2017, evidencia los temores de un secreto a gritos: las empresas y sus empresarios en un alto porcentaje no conocen o aplican las iniciativas contra el soborno y la corrupción.  

Por ejemplo, se encontró que entre las 2.963 empresas que participaron el 49 % desconocen las iniciativas voluntarias existentes para combatir la corrupción en la región.
Sin embargo, entre las iniciativas más conocidas, aunque en porcentajes todavía muy bajos, se tienen: la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción (19%), las reglas de conducta de la Cámara de Comercio Internacional (18,9 %) y la convención Interamericana contra la corrupción de la OEA (18,4%).

    “De las 2.963 empresas encuestadas 694 participaron en Colombia, 381 en Argentina, 519 en Chile, 394 en Ecuador, 149 en Guatemala, 406 en México, 420 en Perú”.

Entre los países de la región en los que las compañías tienen menos conocimiento de estas iniciativas voluntarias para combatir la corrupción están: Argentina (68.8%), Perú (53.8%) y Ecuador (53%). Mientras que el resto de encuestados como México (49.5%), Colombia (43.4%), Guatemala (43%) y Chile (40.8%) tienen un desconocimiento menor en estos temas.
Para este trabajo, que fue realizado por primera vez en la región, se contó con la participaron de 11 universidades que aplicaron una encuesta de 37 preguntas a empresas de diversos sectores en los países participantes.

En este informe, llama la atención que, sin importar el sector, el 63.5 % de los encuestados desconoce las iniciativas para combatir en específico el soborno. De los siete países ninguno se encuentra por debajo de la media en este punto, por ejemplo: Argentina tiene un porcentaje de desconocimiento del 80.1%, Ecuador 73.6%, Guatemala 64.4%, México 63.3%, Perú 60.2%, Colombia 58.1% y Chile 53.6%.
La norma más conocida curiosamente es la ISO 37001 y solo el 20,4% de los entrevistados la identifican; esta norma certifica a las empresas por implementar un sistema de gestión antisoborno.  El resto de iniciativas no son muy conocidas ni implementadas.

Por si fuera poco, también destaca que en el tema de sensibilización hacia los empresarios sobre estas iniciativas falta mucho, ya que, de acuerdo a los resultados, el 69.2% de los encuestados señaló el no haber enviado o recibido información sobre iniciativas voluntarias para combatir del soborno.
Roberto Enrique Montoya Villa, director ejecutivo del ICONTEC una de las instituciones que participó y lideró esta encuesta junto a la Universidad Externado y Pacto Global, señaló que “si bien se han hecho progresos especialmente a través de la adopción de acuerdos internacionales y leyes nacionales que castigan severamente las prácticas corruptas se requiere con urgencia dirigir los esfuerzos hacia la prevención y el control sistemático”.

Para completar este panorama, solo el 15.1% de los encuestados en la región manifestaron que se realizaron capacitaciones a algunos de sus grupos de interés sobre iniciativas para combatir el soborno y solo   el 15.2% señaló haber recibido alguna información o comunicación formal al respecto.

El estudio también indagó sobre si las empresas habían recibido información relacionada con las iniciativas voluntarias para combatir el soborno, “los resultados son contundentes el 69,2% de la muestra regional manifestó que no tiene información al respecto lo que podría explicar el nivel de desconocimiento sobre estos mecanismos de combate al soborno”.
Adicionalmente, solo en 15,1% de la muestra en la región señaló haber realizado capacitaciones a algunos de sus grupos de interés sobre iniciativas para combatir el soborno y solo el 15,2% manifestó haber recibido alguna información informal.
Frente a las iniciativas que realizan las empresas para  prevenir el ofrecimiento o recepción de sobornos en las actividades comerciales y en el cierre de negocios y contratos se encontró que el establecer un código de ética o de conducta (59,1%), la prohibición total de ofrecer dádivas  para asegurar un contrato (40,2%), el contar con una declaración o política de rechazo a ofrecimientos o recepción de sobornos (37,3%) representan las actividades más recurrentes que emplean las empresas para prevenir el soborno.
Resalta que solo un 21% de los encuestados realizan actividades de denuncia a las autoridades sobre intentos y hechos de soborno. Adicionalmente solo el 11.5% de las empresas le apuesta a que sus programas contra el soborno sean valorados por un tercero, lo que indica que los procesos de auditoría externa no son llevados a cabo de manera habitual por parte de las empresas latinoamericanas.
 En Colombia, según el estudio en el país solo el 9% recurre a terceros para evaluar sus programas contra el soborno. Una cifra que se suma al hecho de que en el país solo algunos sectores están obligados a implementar estos programas. De acuerdo con Carlos Gómez, experto en Riesgos de Global Forensic Auditing (GFA), señala que se da en parte porque la Superintendencia de sociedades por medio de su normatividad obliga a que ciertos sectores implementen programas de ética contra el soborno trasnacional, los cuales no son muchos, mientras que la necesidad de hacerlo empieza a ser cada vez más imperante.

“Es importante que las empresas no solo evalúen el riesgo de soborno y por sí mismas, sino que se apoyen en empresas especializadas capaces de soportarlas en la implementación y evaluación de estos mecanismos de forma integral y de acuerdo a la realidad de su empresa. Se trata de tener dentro de su radar no solo el riesgo de soborno sino de que se revisen los mecanismos que tienen para prevenir cualquier tipología de fraude: soborno, corrupción, malversación de activos financieros, entre otros. El fenómeno del soborno se debe adicionalmente ver como un eslabón más del fraude”, comentó Gómez.

El contar con una declaración o política de rechazo a ofrecimientos o recepción de sobornos (37,5%), programas para contrarrestar el soborno (19.8%) y la comunicación periódica de la empresa frente al soborno (32.9%), son algunos de los mecanismos menos populares entre las compañías de la región.

Otro dato revelador señala que aunque el 39,9% de la compañías encuestadas no realizan contribuciones políticas, dentro de las empresas que manifestaron que sí realizan estas contribuciones el 24% no implementa alguna actividad para evitar los sobornos cuando se llevan a cabo.

En el caso colombiano el 78.1 % de los encuestados no realiza contribuciones políticas. De los que las realizan solo un 3.2 % emplea mecanismos para asegurar que la empresa no obtenga ventajas por el otorgamiento de contribuciones políticas, además solo el 5.5% de los que contribuyen en campañas políticas en Colombia señaló que emplea alguna evaluación de posibles conflictos de interés con el beneficiario de la contribución antes de realizarla.

Este informe también señala que, en la región, el 46% de las empresas participantes tienen establecido algún tipo de sanción para las personas que incurran o intenten involucrarse en actos de soborno y solo un 42,6% de los encuestados estableció que los colaboradores en sus empresas están conscientes de las sanciones que acarrea el participar en el otorgamiento o aceptación de sobornos. A pesar de esto, un 37% señaló no tener algún tipo de sanción para los empleados que estén relacionados con comportamientos antiéticos.

“Es importante que las firmas adopten medidas disciplinarias con antelación y así tener más elementos para guiar la toma de decisiones de sus colaboradores”, se subraya el informe.

Las empresas tampoco suelen apoyarse mucho en mecanismos o iniciativas antisoborno cuando realizan negocios con aliados estratégicos o empresas asociadas. Por ejemplo, se encontró que solo el 14.5 % de los encuestados en la región realiza alguna evaluación de prácticas frente al soborno para empresas asociadas. Adicionalmente solo el 18,9% emplea algún tipo de acuerdo formal en el que se establezca que el involucramiento en actos de soborno es una causal para terminar la asociación y solo el 25,2% solicita garantías de rechazo al soborno por parte de sus empresas asociadas.

Ta vez la cifra más diciente de este informe señala que el 95 % de los directivos participantes en la encuesta considera que en sus países hay empresarios que ofrecen sobornos. También se reveló que los sectores en los que los empresarios perciben que se realizan más sobornos son: el de la construcción (34%), sector de la administración pública y social (20%), explotación de minas y canteras (13%).  El segundo grupo de sectores más asociados a la existencia de sobornos está compuesto por: sector financiero y de seguros (5%), manufactura (3%), suministro de energía, agua, gas (3%) y transportes y almacenamiento (3%).

También se le preguntó a los empresarios sobre cuál era el porcentaje adicional que se paga de manera secreta para asegurar la adjudicación de un contrato en la región y se señaló que se podría llegar a pagar el 26,2% extra del valor del contrato. Por país, por ejemplo en México se podría llegar a pagar como posible costo de soborno un 33,4% extra, Argentina 32,1%, Colombia 24,8% y en Perú 17,8%.

“Los hallazgos sugirieron que en casos de existir sobornos la presión para conseguir contratos puede acarrear costos importantes para las empresas. Recursos que en su caso tendrían que dejarse de invertir en otras áreas estratégicas para las firmas”, se concluye en el informe.

Dentro de las modalidades más usadas para sobornar se encontró que los pagos para agilizar trámites son el mecanismo de soborno más utilizado en la región (67%), así como las contribuciones políticas (64%) y los pagos para cierre de contratos (45%).

“A nivel país (Colombia), la tendencia general se repite en un grado notable. Los pagos para agilizar trámites (79%) y las contribuciones políticas (80%) fueron percibidos como los mecanismos más utilizados para sobornar, seguidos de los pagos para facilitar el cierre de los negocios (57%)”, dice en el informe.

Entre las razones que se encontraron como motivación o presión para dar u ofrecer sobornos en el sector público están los procedimientos engorrosos (56%), ineficiencia del sector público para ejercer sus funciones (53%), requerimiento directo o indirecto de los sobornos o beneficios por parte de los servidores públicos (51%) y el perder un negocio si no se ofrecen sobornos.

Pero la presión por obtener negocios es calificada en el informe como la situación que más incentiva el ofrecimiento de sobornos (58%). Por otro lado, los factores que más desalientan a las empresas a nivel regional a la prevención del soborno son la corrupción en el sector público y las acciones deshonestas de la competencia.

Aunque no todo está perdido, de acuerdo con el informe dentro de las acciones más efectivas para combatir el soborno los empresarios señalaron un acuerdo con el hecho de que la educación para los niños y jóvenes es un mecanismo clave para la prevención del soborno (57%), así como el fomento de la cultura ética a través de la implementación de sistemas de integridad y transparencia (51%).

Necesidades de la región en la lucha contra el soborno y corrupción

El director ejecutivo del ICONTEC insistió en que este estudio plantea una necesidad de una reforma sistémica en la región que incluye “involucrar al sector privado y la sociedad civil en la solución de la problemática”. Explica que es imperante que las empresas privadas continúen realizando esfuerzos considerables para prevenir la corrupción, por medio del desarrollo de programas de cumplimiento, de ética corporativa y de denuncia de eventualidades.

 Sin embargo, resalta que tampoco se pretende que una norma técnica, como un sistema de gestión antisoborno, sea la única solución a un “problema complejo y crónico que ha alcanzado condiciones inimaginables en todo el mundo, un problema inherente a la propia pobreza humana y a los principios y valores que determinan su comportamiento”.

Por lo que destacó que el esfuerzo para disminuir el soborno y la corrupción, fenómenos que   socaban el buen gobierno y representan obstáculos para el desarrollo y alivio de la pobreza, distorsionando la competencia, erosionando la justicia y aumentando el costo de los negocios y el valor de los bienes e introduce incertidumbre en las transacciones comerciales, debe venir de numerosos frentes.

En el mundo, los actos de corrupción ascienden a unos 2.6 millones de millones (billones) de dólares, esto genera sobrecostos hasta de un 1 % en el cierre de los negocios y de un 25 % en los cotos de adquisición, de acuerdo con datos de la United Nations Global Compact 2008.

Según European Free Alliance el costo de la corrupción en la Unión Europea oscila entre los 202 mil millones y 1.072 millones de dólares al año. Por si fuera poco, el soborno es una modalidad que contribuye aproximadamente al 38 % de la corrupción mundial según cifras de United Nations Global Compact.

Estamos ante un panorama en el que la corrupción está superando en el mundo las especulaciones más altas que se hayan tenido, llegando al 5% PIB mundial, de acuerdo con Yepes López, director de la escuela de Administración del Externado, y solo “en Europa, que se caracteriza por tener sistemas fuertes, los niveles de corrupción están entre el 1 y 5 de PIB de la región, lo que evidencia que no es un problema que solo está de ese lado del mundo”.

    El soborno representa el 2 % del PIB del planeta.

 Aunque el panorama sea desolador dentro de las recomendaciones que realizan los expertos sobre este tema se señala que, aunque poco conocidas, es importante continuar con los esfuerzos de difusión de las iniciativas contra la corrupción y el soborno así como el promover el conocimiento de buenas prácticas tanto para grandes compañías como para los integrantes de sus cadenas de suministro.

Incluso subraya la importancia de compartir las buenas prácticas empresariales “por todos los miembros de una cadena de suministro y contagiar así la actitud a cada vez más miembros de las diferentes industrias empresariales”. Sobre este punto se señaló que los gobiernos y ONG pueden ser actores relevantes para lograr este cometido, “a través de estas organizaciones las empresas pueden canalizar y generar sinergia en los esfuerzos para erradicar la corrupción y los sobornos en su gestión”.

    Yepes señala que por medio de este estudio se quería verificar si en Colombia el soborno se había constituido como una institución y “efectivamente así es. Lo que buscamos fue encontrar el panorama de esa situación qué hacen las empresas para combatir el soborno en la región”.

El informe también concluyó que es importante que las empresas incluyan, en sus plataformas estratégicas, los temas de corrupción como parte de la ética en los negocios y la responsabilidad social. Se señala como imperante que los sectores privado y público incentiven la creación y desarrollo de mecanismos que busquen, más que el castigo, la prevención. “Las soluciones legales se ven limitadas ya sea por la saturación de los sistemas judiciales y penales como por la corrupción en los aparatos estatales, promoviendo la impunidad”, se lee en el informe.

La ineficiencia observada en gestiones y diligencias ante las autoridades es una de las causas principales que propician el soborno, por lo que el estudio sugiere una reingeniería de procesos y disminución de la burocracia  que simplifique los trámites que deban realizar las empresas. También se sugiere la realización de procesos  de formación y entrenamiento en los aspectos éticos de los negocios y la función pública, y mecanismos de presión, como la pérdida de título universitario a quienes se vean inmiscuidos en actos de corrupción, para contribuir a la prevención del soborno mediante la  promoción de un entorno más ético  para los negocios.

También se revela que las experiencias internacionales exitosas de lucha contra la corrupción no solo evidencian la vinculación existente entre los comportamientos  individuales y colectivos del sector privado para luchar contra la corrupción y el compromiso de los gobiernos e instituciones del estado, especialmente de la justicia, para promover un ambiente libre de corrupción,  sino que son ejemplos  de que esta lucha se puede realizar de manera  efectiva y que sus resultados benefician  no solo a la mayoría sino a toda la población.

El compromiso del sector privado, de acuerdo con el informe, para luchar contra la corrupción y el soborno debe ir acompañado de los esfuerzos de los gobiernos e instituciones públicas por agilizar y hacer más transparentes sus contrataciones, procedimientos y trámites. Además de un compromiso de los sistemas de justicia para prevenir el delito, agilizar los procedimientos y combatir la impunidad; de una posición clara frente al soborno y denuncia de los sectores económicos. Y por último se habla de incentivos para que “el consumidor se motive a conocer más a las empresas y preferir a las más probas, íntegras y honradas y del rechazo categórico y generalizado de la comunidad en general a los hechos de corrupción ya sean propios o de terceros”.

 

Lucía Jiménez
Directora de Contenido
Huella Forense

 

Tomado de: https://www.huellaforense.com/informes-especiales/empresarios-de-la-region-rajados-en-prevencion-del-soborno-y-corrupcion

Modificado por última vez en Viernes, 04 Octubre 2019 16:19

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