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La investigación del Observatorio de Democracia de la Universidad de los Andes apuntó que, pese a que la pobreza y el desempleo puntean en la medición como el principal problema que perciben los colombianos, por primera vez la corrupción está por encima de la guerra.

Una encuesta de percepción sobre los principales problemas de Colombia, realizada por el Observatorio de la Democracia de la Universidad de los Andes, detalló que por primera vez la corrupción superó al conflicto armado como la mayor preocupación de los colombianos. Sin embargo, la pobreza y el desempleo siguen punteando en la medición.

Así entonces, la situación económica de los 1.663 encuestados lidera con un 24.2% los resultados de la encuesta, mientras que la corrupción con un 19% y el conflicto armado con un 16.2%.

No en vano hubo ese cambio de percepción con el conflicto armado tras la firma del Acuerdo de Paz en La Habana, según dijeron los expertos. "Al silenciarse las armas y los combates, el país empezaría a concentrarse en otros problemas que se viven, entre esos la corrupción", explica el Observatorio de Democracia.

Por ejemplo, la medición en 2008 sobre la percepción determinó que solo el 2% de los encuestados aseguraron que la corrupción era el problema más grande del país. Y en 2016 ese porcentaje solo aumentó seis puntos hasta que en 2018 los números superaron el dígito.

El codirector del Observatorio, Juan Carlos Rodríguez, explicó que este cambio se dio, además de la firma del Acuerdo de Paz, por el conocimiento público de escándalos de corrupción que han hecho eco no sólo en los medios de comunicación, sino, también, en las redes sociales. Odebrecht, Triple A, Medimás, el cartel de la toga y de la hemofilia son algunos de los más conocidos.

Según investigaciones de la Procuraduría, al Estado le cuesta $50 billones al año los casos de corrupción, lo que significa el "4% y 6% del PIB", según explicó Fernando Carrillo, jefe del Ministerio Público, a La República.

La preocupación por la corrupción fue ratificada en la Consulta Anticorrupción de agosto de 2018. Más de once millones de personas salieron a las urnas para exigir reformas que prevengan las prácticas deshonestas.

Aunque el umbral no logró superarse, una Mesa Técnica, compuesta por todos los partidos políticos y el Gobierno, se comprometió en tramitar los siete puntos de la Consulta en el Congreso. Cumplida la primera legislatura, el panorama es negativo. Solo tres iniciativas sobreviven.

Entrando en las minucias de la investigación, Bogotá arrojó las cifras más altas en corrupción cuando se les preguntó cuál era el principal problema. “En la capital hay una mayor sensibilidad por este tema, mientras que en otras regiones no se ve tanto y claramente se ve más en zonas urbanas donde hay mayor cercanía con los lugares de decisión y de grandes contratos”, agregó Rodríguez.

Eso responde, también, por qué en las zonas urbanas hay mayor percepción negativa sobre la corrupción (20.3%) que el conflicto (13.5); mientras que en las zonas rurales sucede lo contrario. La guerra puntea con un 27% y las prácticas deshonestas un 13.9%.

La cifra se redujo considerablemente respecto al trienio 2004-2006, cuando el número de personas subalimentadas era de 4,2 millones. Así lo dio a conocer el informe SOFI, presentado hoy en Nueva York.

Este lunes, cinco agencias de Naciones Unidas presentaron “El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2019”, o informe SOFI por sus siglas en inglés, un reporte anual que contiene los datos más recientes sobre el hambre, la obesidad y la emaciación infantil en el mundo.

Según el estudio, que fue presentado en la ciudad de Nueva York (EE.UU), hoy en día hay 821,6 millones de personas subalimentadas a nivel global, cifra que ha venido en aumento desde 2005 y que regresó a los niveles vistos en el periodo de 2010-2011.

La región de América Latina y el Caribe no ha estado exenta de este incremento. En 2005, el hambre afectaba a 39,1 millones de personas de la región y en 2018 esta cifra aumentó a 42,5 millones. A pesar de este panorama, Colombia se destacó en el SOFI como uno de los países de la región que más disminuyó en el número de individuos subalimentados.

Según el reporte, en Colombia el hambre pasó de afectar a 4,2 millones de personas (9,7 %) en el periodo 2004 - 2006, a 2,4 millones de personas (4,8 %) en el trienio 2016 - 2018. También disminuyó el “hambre oculta” o anemia en mujeres en edad reproductiva, al pasar de 22,1 % en 2012 a 21,1 % en 2016.

Además de Colombia, los otros países que presentaron importantes reducciones en el número de personas subalimentadas son Perú (2,3 millones), República Dominicana (1,3 millones), México (1,3 millones), Ecuador (1 millón) y Bolivia (900.000).

No obstante, las agencias advierten que Colombia todavía debe enfrentar ciertos retos, como la baja talla para la edad de sus niños, que afecta a medio millón de menores de 5 años, y el aumento de la obesidad en mayores de 18 años, que pasó de afectar a 6,3 millones de personas en 2012 a 7,5 millones en 2016.

Por su parte, los países que registraron los mayores incrementos fueron Venezuela (4 millones), Guatemala (500.000), Argentina (200.000) y Haití (100.000).

“El aumento del hambre en años recientes está fuertemente asociado con la desaceleración económica en la región” aseguró Ricardo Rapallo, Oficial de Seguridad Alimentaria para FAO Américas.

Según Rapallo, la caída de los precios de los commodities desde 2011 llevó a un deterioro de las finanzas públicas de los países que dependen de sus exportaciones. Además, aseguró que la tasa de desempleo urbano (8,9 en 2016), la reducción del PIB y el aumento del desempleo llevaron a menores ingresos de los hogares.

“Para hacer frente a los eventos económicos que limitan el poder adquisitivo de los hogares se requieren de políticas a corto y largo plazo que permitan salvaguardar la seguridad alimentaria y la nutrición de la población”, aseguró Rapallo.

El experto también destacó la importancia de que los países inviertan durante los períodos de auge económico para generar capacidad en caso de crisis económicas.

“Los países deben proteger los ingresos a corto plazo, especialmente de los hogares mayormente afectados, por ejemplo, a través de programas de protección social, programas de obras públicas o políticas destinadas a estabilizar los precios de los alimentos. Al mismo tiempo, deben evitar recortes en los servicios sociales esenciales”, destacó.

El SOFI es una publicación conjunta de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Expertos pronostican cómo mejorar la situación agrícola del país y los retos a futuro.

Hace 30 años, la vocación agrícola del país crecía de manera que le permitía al Estado soñar con competir a nivel mundial. Sin embargo, el conflicto, la falta de información y hasta la disminución en el apoyo de algunos cultivos, llevó a que muchos de los alimentos que se cultivaban en grandes cantidades cayeran y permanecieran estáticos por muchos años.


Productos como café, banano, flores, azúcar y aceite de palma conforman el top de los cultivos de mayores exportaciones. Y son, hasta hoy, las producciones insignia del país.

No obstante, un Conpes de 1990 aprobó que se iniciara la apertura económica gradual del país, con el ánimo de incentivar el crecimiento de la industria nacional y competir con los demás países, lo que se convirtió en una de las causas de la considerable disminución y hasta desaparición de muchos cultivos tradicionales.

Hubo una caída de la producción, pero el impacto no fue tan malo, sino que el país no tiene cómo competir

En ese momento, la agricultura representaba el 22,30 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), diferente a lo visto en el último análisis del 2017, cuando la agricultura pasó a representar apenas el 6,30. Esto no representa una crisis, pero, según expertos, explica que la vocación por el campo ha cambiado durante los últimos años.

Esta apertura, además de otros inconvenientes, es para Alejandro Vélez, quien fue vicepresidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), uno de los factores que contribuyó a la caída de algunos niveles de producción, pues para competir a nivel mundial, al país le falta mucho en materia de inversión.

“Las producciones existían pero eran muy focalizadas. Por ejemplo el trigo, el país no tiene unas condiciones agronómicas para producirlo. Entonces al no tener una producción alta, la necesidad de abastecimiento empezó a suplirse por externos como Estados Unidos o Argentina. Hubo una caída de la producción, pero el impacto no fue tan malo, sino que el país no tiene cómo competir”, señala Vélez.

Es paradójico que en un país en el que se puede aumentar 20 millones de hectáreas el área de producción, se estén importando cerca de 12 millones de toneladas de alimentos al año

Según cifras del último Censo Nacional Agropecuario (CNA), publicado en el 2015, de más de 111 millones de hectáreas con las que cuenta el país en el área rural ‘dispersa’, 26 millones tienen potencial para la producción agropecuaria y forestal, pero solo se produce en 7 millones de hectáreas (27 %).

“Resulta paradójico que en un país en el que se puede aumentar en 20 millones de hectáreas el área destinada a producción agropecuaria -sin afectar zonas de reserva- se estén importando cerca de 12 millones de toneladas de alimentos al año”, indica un informe de La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés).

Según estudios de la Unidad de Planeación Rural Agropecuaria (Upra), de los suelos netamente agrícolas, que son 11,3 millones de hectáreas, solo se aprovecha el 35 por ciento, aunque hay un total de 42,3 millones de hectáreas destinadas al uso agropecuario. “Lo que significa un altísimo porcentaje de área rural con conflictos entre vocación y uso del suelo, principalmente por actividades pecuarias en suelos que no tienen esa vocación”.

El país tiene zonas productoras de maíz y no ha podido avanzar tecnológicamente con su producción. Al abrir el mercado se cae la producción porque no tenemos cómo competir”

“Eso es lo bueno de la desmovilización de las Farc, esperemos que sirva para que se puedan explorar más territorios y explotar más la tierra que tenemos”, apuntó Alejandro Vélez.

En 2018 (respecto a 2017), las importaciones de productos agropecuarios, alimentos y bebidas se incrementaron en 10.5 por ciento. Los cereales tienen el mayor peso en esa variación con el 2.7 por ciento, lo que quiere decir que hay una fuerte dependencia de las importaciones en el grupo de cereales, pero también en leguminosas, grasas y aceites vegetales, grupos constituyentes de la base de la alimentación de los colombianos, según la FAO.Uno de los sectores que más se ha visto afectado por esta apertura es el de los cereales. El país consume 7 millones y medio de toneladas al año, pero solo produce un millón y medio de toneladas, por lo que se ve obligado a importar maíz.

“El país tiene zonas productoras de maíz y no ha podido avanzar tecnológicamente con la producción de este producto. Al abrir el mercado se cae la producción porque no tenemos cómo competir”, asegura Vélez.

En la actualidad, el país cuenta con un área sembrada de 400.000 hectáreas de maíz. En un momento se le apostó a su crecimiento, no obstante la producción cayó y por eso las cifras no se han movido en los últimos cinco años.El trigo y la cebada representaron en los años 90 una producción de hasta 200.000 toneladas, pero según datos del 2018 la producción de cebada es solo de 6.000 y el trigo de 5.000.

Las personas ganan más trabajando en el tema petrolero, por eso se han dejado perder muchos cultivos y han decaído en su producción

En materia de soya, este producto también ha presentado una elevada disminución. De las 232.140 toneladas producidas en 1990, solo se produjeron 62.264 en 2017. Esto configura una merma del 73 por ciento. Sin embargo, si se compara la producción de 2017 con la media histórica del producto, este se encuentra reducido en poco más del 25.

El ajonjolí se encuentra por debajo de su media histórica de 4.200 toneladas producidas, en 2017 se produjeron 3.193 toneladas, una disminución del 24 por ciento con respecto a la media.

El maní ha presentado una disminución de más del 76 por ciento. En 1994, su punto más alto, se lograron producir 9.176 toneladas, pero en 2017 solo se produjeron 2.152.

La reducción del sorgo es alarmante. En 1990 se produjeron 766.947 toneladas, en 2017 se produjeron solo 9032, una reducción del 98,8 por ciento.

Junto al sorgo, la cebada es de los cultivos más reducidos. Si se compara con las 113.439 toneladas que se produjeron en 1979, la reducción fue de un 95 % para este 2017.

Uno de los departamentos más golpeados por la baja en cebada es Boyacá, de acuerdo con Segundo Chaparro, secretario de Agricultura del departamento, hace 15 años 40 municipios de la región vivían de los cultivos de cebada –que llegaron a ser 30.000 hectáreas con una producción de 75.000 toneladas al año-, pero con las importaciones de las empresas cerveceras, hoy se habla solo de 5.000 toneladas.

“El Gobierno permitió que las empresas cerveceras importaran, por eso se dejó de comprar directamente acá y eso afectó a los productores. Muchos no tienen dónde más trabajar”, expresa Chaparro.

Factores como la falta de apoyo a los cultivadores han derivado en el abandono de cultivos como es el caso de Casanare, donde la fiebre del petróleo ha llevado a que se pierdan cultivos de maíz y yuca.

“Las personas ganan más trabajando en el tema petrolero, por eso se han dejado perder muchos cultivos y han decaído en su producción”, asegura Camilo Montagut, secretario de Agricultura de Casanare.

En el caso del sorgo, La Guajira pasó de cultivar 3.634 hectáreas en 2002 a no tener ninguna en la actualidad. Según el ingeniero agrónomo Bernardo Baquero, el sorgo ya no se cultiva en La Guajira por cuestiones de precios y rendimientos, por lo que la comunidad no lo ve viable.

En cuanto a trigo, durante los años 90 mantuvo una media de 86.511 toneladas producidas, alcanzando su máximo punto en 1993 con 117.718 toneladas. Esta cantidad se redujo en un 35 por ciento durante la década del 2000, pasando a 56.175 toneladas de media.

Este cultivo vio su menor producción en el 2017, alcanzando una cantidad de solo 8.095 toneladas producidas y viendo su media de producción bajar un 70,5 por ciento comparado con la década anterior, la disminución ha sido rápida y marcada en este cultivo.

Una apuesta incompleta
El Estado ha realizado diferentes inversiones para algunos productos, sin embargo, en otras regiones del país frutos como el aguacate no han recibido apoyo.

Danilo Contreras, secretario de Agricultura de Bolívar, señala que en la región de los Montes de María unas 2.200 familias se vieron afectadas luego de que la violencia y una plaga afectaran los cultivos de aguacate antillano.

“Hemos tocado las puertas del Ministerio de Agricultura, pero aún no se nos da el apoyo para poder financiar estos cultivos, pasamos en 10 años de producir 43.000 toneladas a menos de 20.000”, señala Contreras.

La región de Montes de María ha sido una de las zonas del país en las que se ha sentido con más fuerza el impacto del conflicto armado en la población civil.

La violencia paramilitar que sacudió a la zona fue el principal detonante para el abandono de los cultivos de este tipo de aguacate. Hoy, todas las familias no han regresado, o han emigrado a cultivos como la palma o el ñame.

No obstante, el secretario de Agricultura resalta que muchas familias pueden vivir aún de estos cultivos y el aguacate nativo no se debe perder por una nueva apuesta como el has.

Según datos del Ministerio de Agricultura, para este año se espera una inversión, con un presupuesto ya gestionado, de 2.5 billones de pesos. Para los próximos 4 años se espera que la cifra total de inversión sea de 15 billones de pesos.

No obstante, aún hay departamentos donde se cuestionan dichas inversiones. Es el caso de Caquetá, donde la rentabilidad de cultivos de coca ha desplazado a los cultivadores, quienes manifiestan que el Estado no les ha cumplido con los procesos de sustitución.

la gente prefiere ir a cultivar coca teniendo en cuenta que el Estado les ha incumplido con lo de la sustitución de cultivos ilícitos

“Todos los cultivos, plátano, caucho, yuca y caña, se han reducido y ahora están estáticos. Tenemos unas 75.000 hectáreas quietas, porque la gente prefiere ir a cultivar coca teniendo en cuenta que el Estado les ha incumplido con lo de la sustitución de cultivos ilícitos”, asegura Orlando Rojas, funcionario del departamento de estadística de la Secretaría de Agricultura de Caquetá.

Aunque Vélez sostiene que en Colombia los cultivadores no se sienten respaldados por el Estado pese a algunas maniobras o apuestas, para María Helena Latorre, directora ejecutiva de Cámara Procultivos, se deben diseñar estrategias más tecnológicas pensando en el futuro.

“Se pueden priorizar cultivos y regiones de acuerdo con la vocación, es una metodología para que aumentemos cultivos promisorios en determinado tiempo. Hay que apostarle a hacerlo suave y lograr, tal vez, ordenar y priorizar con paquetes tecnológicos las cosas”, sostiene Latorre.

 

Dicen que estaría impedido para cambiar resolución que entregó operación de equipos de vigilancia.

Los dispositivos buscan monitorear en tiempo real miles de contenedores.

El director de la Dian, José Andrés Romero, está trenzado en una pelea jurídica con cuatro empresas a las que, en julio del año pasado, el gobierno Santos les entregó la operación de los Dispositivos Electrónicos de Seguridad (DES), por cinco años.

Se trata de los aparatos electrónicos que se instalan en unidades de carga o medios de transporte para asegurar su integridad, registrando posicionamiento de la mercancía e incidentes que la afecten o amenacen, durante las 24 horas del día y en tiempo real.


“El sistema es clave para detectar la contaminación de contenedores que salen y pueden salir con coca o entrar con dólares de mafias o contrabando. Se trata de mercancía en proceso de nacionalización o legalización”, le explicó a EL TIEMPO un funcionario de la Dian que agregó que incluso el tema es considerado de seguridad nacional.

Pero la Dian busca que cualquier firma que acredite facultades técnicas y legales para operar los DES lo pueda hacer, dentro de la libre apertura del mercado.

Y si bien la entidad advierte que las cuatro empresas seleccionadas por el gobierno Santos –Coltrack SAS, JM Tracking SAS, Protekto Ltda y Sec Sel S.A.– “conservan la calidad de operadores seleccionados”, estos aseguran que les están quitando derechos adquiridos y causándoles millonarios perjuicios, porque ya han incurrido en compra de equipos y hasta de un ‘software’.

Además, dicen que el sistema debió haber entrado en operación en octubre, pero no está lista la infraestructura. De hecho, la Procuraduría ya está indagando ese retraso, que la Dian atribuye al cambio de administración y a la revisión estructural de todo el marco normativo aduanero, procesos y sistemas de información.

“Cuando se entregó la operación de los DES ni siquiera estaba listo el centro de monitoreo para recibir la información. Lo estamos armando con apoyo de la Dijin”, dijeron en la entidad.

Pero la pelea ha escalado hasta la Casa de Nariño y el Ministerio de Hacienda, a quienes el apoderado de las cuatro empresas, Joaquín Bernal, estregó información, con miras a impedir que se cambie la resolución 2429 de 2018, con la que se les dio la operación.

Además de la supuesta afectación por la pérdida de derechos adquiridos, les ha enviado a dos consejeros presidenciales un tema adicional: un supuesto impedimento del director Romero.

Según dice, cuatro meses antes de llegar a la Dian, era miembro suplente de la junta directiva de Brigard y Urrutia Abogados SAS, oficina que habría representado a una de los interesadas en operar los dispositivos, que no fue seleccionada: Cibergenius SAS. Al respecto, EL TIEMPO estableció que se está indagando el tema, pues la Dian tiene información según la cual Cibergenius nunca ha sido cliente de esa oficina de abogados.

Demanda y respuesta
Hasta el Consejo de Estado ha entrado a terciar en el tema. La Federación Colombiana de Empresas de Localización, Monitoreo y Tecnologías Afines (Fedetec) demandó la resolución y pidió la suspensión de sus efectos hasta que haya un fallo de fondo. Su principal argumento es que viola la libre competencia, que no se pidió concepto previo a la SIC y que cuatro empresas no están en capacidad para cubrir un tema tan sensible.

“A la fecha están causando graves perjuicios económicos y reputacionales para más de 32 empresas a las que se les violentó su derechos al debido proceso al ser excluidas como proveedores de los dispositivos”, dice la demanda.

El alto tribunal no les concedió la medida y ahora estudia los argumentos de los demandantes y de las empresas, que les acaban de señalar a los magistrados que el plazo para demandar era de 4 meses, ya vencidos.

Al respeto, voceros autorizados de la Dian le dijeron a EL TIEMPO que las resoluciones que habilitaron a los cuatro operadores siguen intactas, pero que estas no les otorgaron exclusividad. Además, que no hay derechos adquiridos que gocen de protección expresa en la Constitución.

“Es claro que un acto administrativo (resolución) no puede restringir el mercado ni entregar monopolios. Hay una nueva resolución en curso, con estudios técnicos y consulta a la SIC, que antes no se había hecho. Esperamos que en mes y medio esté operando el sistema”, explicaron.

También advirtieron que el proceso lo adelanta la directora de Aduanas, Íngrid Díaz, y no Romero.

“Mi imparcialidad y objetividad como servidor público no se ven afectadas en este caso por la existencia de vínculos personales, familiares, comerciales o de ninguna otra naturaleza”, le dijo el director de la Dian a la Procuraduría.

 

Según testigo, parte del dinero se usó para irrigar la reelección de Santos, en 2014.

Este nuevo capítulo del caso Odebrecht ahora en manos del Consejo Nacional Electoral y de la Comisión de Acusación de la Cámara.

Desde hace cerca de un año, la Fiscalía abrió un expediente en el que rastrea el paradero de 4.017 millones de pesos de un contrato firmado por la Concesionaria de la Ruta del Sol (Consol), para el mantenimiento de una vía, que se habrían desviado a la campaña de reelección de Juan Manuel Santos en 2014, según la versión dada al ente investigador por uno de los implicados.


El contrato se suscribió el 17 de marzo de 2014, y según información inicial, aparecía supuestamente firmado por Esteban Díaz del Castillo, a nombre de Consol, y Edna Méndez, representante de la Gistic Soluciones Integrales, empresa que se comprometió a hacer la obra en tres meses.

Esteban Díaz, gerente de Consol

Foto:
Archivo particular

 

Andrés Sanmiguel, socio de Gistic

Foto: Archivo particular

Pero Andrés Sanmiguel Castaño, socio de Gistic y esposo de Méndez, dice que esa y otras firmas del contrato son falsas; que la obra no se hizo y que 3.894 millones de pesos de lo que Consol giró fueron a manos de miembros del Partido Liberal, para la reelección de Santos.
Además, Díaz del Castillo le aseguró a EL TIEMPO que él no firmó dicho contrato y que se trata de un error de San Miguel (entregada en su testimonio, grabado en video), por el cual está pidiendo que se rectifique la información.

Y aunque San Miguel posa de víctima de lo que sería un nuevo soborno de Odebrecht, no ha explicado por qué solo habló cuando la Fiscalía lo citó a diligencia, el 18 junio de 2018, y guardó silencio por más de cinco años.

“San Miguel tiene un turbio pasado en temas de contratación y en corretaje con el viejo Seguro Social”, aseguró una fuente.

Su declaración, sin embargo, ha sido clave para identificar otros rostros, hasta hoy ocultos, de este nuevo capítulo del caso Odebrecht ahora en manos del Consejo Nacional Electoral (CNE) y de la Comisión de Acusación de la Cámara.

Esta última citó a declarar, en 10 días, a los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana, los primeros en hablar del supuesto ingreso de dineros de Odebrecht a través de las firmas Gistic y RGQ, también mencionada en reportes del fallecido ‘controller’ de la Ruta del Sol II, Jorge Pizano.

De hecho, Pizano halló firmas escaneadas en otro contrato y giros idénticos al de Gistic: el Consorcio Sion, que movió varios sobornos, recibió 4.016.912 de pesos, en marzo de 2015.

Y el CNE definirá mañana si abre indagación. Una tesis señala que si bien la revisión de contabilidades fenece a los 3 años, se cuentan a partir de la denuncia.

Por ahora, el testimonio de Sanmiguel también menciona a David Portilla Colunge, representante de la firma española Fagar. Portilla entró, en 2012, como socio temporal de Gistics para supuestamente mover contratos fuera de Fagar, que ya estaba bajo el radar de las autoridades.

Sanmiguel dice que Portilla lo llamó 15 días después de la primera vuelta a decirle que llegaba un dinero y que lo necesitaba con urgencia para temas políticos.

¿Negocio o soborno?

Esteban Moreno el nuevo poderoso implicado en el caso de Odebrecht

Foto: Archivo particular

Por esos días, según testigos, congresistas de la llamada Unidad Nacional se habrían reunido en el sótano del Senado a delinear la estrategia para ganarle a Óscar Iván Zuluaga, que aventajó a Santos por 458 mil votos.

“El 9 de junio de 2014 llegó el pago por parte de una fiduciaria por 3.894 millones de pesos (…) Llegó David como loco y me dijo: ‘Quiubo, papito, ya te consignamos una plata en la cuenta, hay que sacarla ya”, dice Sanmiguel.

Y entregó transferencias y copias de cheques girados a David Portilla. Y dijo que una buena parte se entregó en efectivo.

Según él, un grupo de al menos 20 personas llegó al Banco de Colombia, en la calle 93, con Esteban Moreno, y recogieron el dinero. Cuando la Fiscalía le preguntó para quién iba la plata, respondió: “Moreno me dijo que toda esta gente que fue a recoger la plata era del Partido Liberal y me lo volvió a ratificar”.

Moreno es un empresario de eventos que terminó al servicio de políticos y logró reconocimiento, el 16 de diciembre de 2013, cuando él y la hoy candidata a la Alcaldía de Bogotá por el Centro Democrático, Ángela Garzón, fueron nombrados gerentes de la campaña al Congreso del liberalismo.

David Portilla, socio Gistic-

Foto: Archivo particular

El Partido Liberal emitió un comunicado que dice que entidades oficiales han certificado el manejo de su contabilidad en los últimos 20 años. Además, que la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría y el propio CNE “certificaron la transparencia de los manejos al interior del partido”.

Y Andrés Garzón, abogado de Moreno, dice que el dinero que Consol giró fue de un negocio con su cliente. Además, que para 2014, la concesión la conformaban reconocidas firmas, por lo que descarta el enriquecimiento ilícito a favor de terceros que la Fiscalía le imputará a Moreno: “Este es un tema comercial, al que le quieren dar alcance político. Moreno terminó su vinculo con el Partido Liberal antes de las presidenciales de 2014”.

Aún así, su cliente y Portilla fueron citados, el 23 de agosto, a imputación y solicitud de medida de aseguramiento. Y aunque Sanmiguel asegura que es extorsionado por su exsocio, Esteban Delgado Zuluaga –quien le pasó las acciones de Gistic a Portilla–, también será imputado.

El ex ministro y analista económico Juan Camilo Restrepo, en entrevista con María Isabel Rueda.

Restrepo prende la alarma sobre la forma como se están destruyendo empleos. ‘No es que haya más demanda, sino menos oferta’, dice, y lo demuestra con cifras.

Recientemente le hemos oído que el mayor problema del país en este momento es el empleo. Pero nadie está debatiendo el tema…

Como van las cifras que ha ido divulgando el Dane, es cierto que el tema del desempleo se está volviendo, desde el punto de vista social, el mayor problema del país. Y lo más grave es que tiene trazas de complicarse aún más.

¿Cuál sería el diagnóstico preciso?

Es el siguiente: entre abril del año pasado y abril de este año se destruyeron 750.000 empleos…

¿Qué quiere decir destruir? ¿Quiere decir que se anularon, que se cerraron…?

En las cifras que se publican de empleo hay unas que comparan el empleo que había hace un año con el que hay ahora. Entonces, en abril de este año había 750.000 menos que hace un año, y en mayo había 280.000 empleos menos que hace un año. Si uno suma esos dos rubros, pues prácticamente se han destruido un millón de empleos en el último año.

Pero, perdón insisto: ¿“destruir” quiere decir que existían y los cerraron?

Existían y los cerraron, existían y no se renovaron, y, entonces, el nivel de empleo ha bajado.

La oferta de empleo ha bajado…

Sí. Entonces, siguiendo con el diagnóstico, las empresas que finalmente son las generadoras del empleo, llevan casi un semestre sin generar nuevos empleos. No es tanto que haya un exceso de demanda de empleo insatisfecha, sino que hay un déficit de oferta de nuevo trabajo.

Entonces, vamos a analizar las dos partes. Primero, ¿qué significa que la economía colombiana no esté produciendo nuevos empleos?

Si la economía no está generando nuevos empleos, quiere decir que cada vez más el volumen total de empleos está estático en relación con la gente en capacidad de trabajar, y por eso es que se está subiendo de esta manera el desempleo. Olvidémonos, cómo van las cosas, de cifras de desempleo de un solo dígito. Las últimas cifras, que son las de mayo, muestran que en las 13 principales ciudades del país el desempleo superó el 11 por ciento; ya está llegando al 12 por ciento. Y a nivel nacional también nos volamos la barrera del dígito y ya hoy nos pasamos al 10,5 por ciento de desempleo.

Hablemos, entonces, de la demanda. Todo el mundo piensa que es por culpa de los venezolanos que tenemos un millón largo, un millón quinientos mil nuevos demandantes de empleos que, digamos, han sido factor para subir la tasa de desempleo. En su opinión, ¿es más la falta de oferta que el exceso de demanda?

Las cifras muestran que el problema del mercado laboral es falta de oferta de nuevos empleos. Algo tendrá que ver el fenómeno de los inmigrantes venezolanos, tampoco puede decirse que no. Entre otras cosas, las cifras de los mayores desempleos se están registrando en las ciudades donde no llega la migración venezolana, mientras que ciudades como Cúcuta, por ejemplo, o Bucaramanga no son las más altas de desempleo en el país, lo cual es un indicio de que sí pesa la inmigración venezolana, pero no es el factor determinante. El factor determinante es que las empresas, agobiadas de cargas, agobiadas de falta de demanda, desanimadas, no están abriendo nuevos frentes de empleo.

¿Por qué están desanimadas las empresas colombianas?

Aunque se hizo un esfuerzo, que no se puede desconocer, de bajar algunos impuestos a las empresas, en realidad fue tan mínima la baja que todavía siguen asfixiadas. Por factores tributarios o por otras cargas.

Deme un ejemplo…

Un ejemplo. Uno de los sectores que más empleo produce en un país es el de la vivienda y, entonces, la última reforma tributaria extendió a todas las transacciones inmobiliarias que deban registrarse en notaría, más allá de compras y ventas, un nuevo impuesto del 2 por ciento. Eso ha paralizado mucho el mercado inmobiliario del país, ha creado incertidumbres, y la sumatoria de esas cosas es lo que lleva al desánimo empresarial para crear nuevos empleos.

¿En el área de construcción?

Sí. Bueno, hay también un factor técnico que lo miden las cifras de la encuesta de hogares. Hay un concepto que se llama ‘tasa de participación’. ¿Qué es la tasa de participación? La que mide qué porcentaje de la gente que pudiendo trabajar está buscando empleo. Y resulta que esa tasa de participación ha bajado. ¿Eso qué muestra? Que no es un exceso de demanda la que está generando el desempleo, y que ya podemos estar llegando a una situación en la que uno puede decir que la gente se está empezando a aburrir de buscar empleo.

¿Es decir que se están inventando empleos independientes?

Que se está rebuscando porque la gente tiene que vivir de algo, pero cada vez es con un factor de informalidad mayor.

¿Qué hacer?

Primero, no seguir atosigando al sector empresarial con nuevos tributos como el que acabo de mencionar.

Y menos con el del doctor Álvaro Uribe, de la prima extra…

Y segundo, tener mucho cuidado con que no vayan a prosperar iniciativas como la del expresidente, de poner un recargo a ciertos niveles del empleo, porque eso sí es pegarse un tiro en el pie, y mucho más en este momento en que el empleo está empezando a mostrar sus garras. Yo creo que es un error monumental haber propuesto eso, y echo de menos que el Gobierno como tal, a saber, el Presidente de la República o la propia ministra de Trabajo no hayan disentido de esa prima propuesta por el expresidente Uribe. Los salva una furtiva discrepancia del ministro de Hacienda con esa iniciativa.

¿Algo se le puede reconocer al Gobierno que esté haciendo bien en empleo?

Yo creo que está haciendo cosas buenas. Por ejemplo, me parece muy afortunado el arreglo y el diagnóstico que entraña el arreglo que hicieron con los paneleros. ¿Por qué? Porque el café, el arroz y la caña panelera son los tres cultivos que más empleo generan en Colombia. Trescientas mil familias viven del cultivo y la producción trapichera de la panela. De manera que cuando decimos que se arregló con los paneleros, quiere decir que se arregló, y creo que bien arreglado, un problema que podría hacer explosivo el tema del desempleo. Como también me parece bueno, hay que reconocerlo, lo que el presidente Duque hizo en la Cumbre del Pacífico, donde dijo, no vamos a entregar el sector lechero al programa de desgravación, porque también hay 300.000 familias, muy frágiles, cuyos empleos estaban en peligro si se meten en la licuadora de un tratado de libre comercio. Los centroamericanos excluyeron el sector lechero, hace ya algunos años, de sus acuerdos con Estados Unidos y con la Unión Europea. Me parece que estuvo bien hecho eso.

Las cifras muestran que el problema del mercado laboral es falta de oferta de nuevos empleos
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Pasemos al de la inflación. ¿Por qué se siente preocupación por los nuevos índices de inflación, que es, digamos, la causa de existir del Banco de la República? Cuidar que la tasa de inflación no se dispare, y así ha subido…

Dentro de todos los indicadores económicos el que menos mal va es la inflación. Eso hay que reconocerlo. Sin embargo, en el último mes hubo algún cabeceo de la inflación que hay que ponerle mucho cuidado, porque si eso se prolonga en el tiempo y se acentúa, pues, estaríamos en el peor de los cócteles.

¿El cabeceo fue de cuánto?

El cabeceo fue como de medio punto más con relación a las metas que maneja el Banco de la República. Todavía está bajo control, no es que esté desbordada la inflación ni mucho menos, y puede estar explicado por la cuestión de la vía al Llano y algunos otros problemas, pero no es bueno que haya tenido ese cabeceo.

Leí en alguna parte que las consecuencias de la interrupción de la vía al Llano tampoco son el factor principal de este cabeceo de la inflación…

Sí, hay fuerzas de inflación por todo lado, hay una inflación de costos, todo esto que estábamos hablando del empleo es finalmente factores de fuerza; mayores costos en servicios públicos han también subido mucho, ciertos servicios públicos son controlados; y lo del Llano, pues sí, como el Llano es proveedor de alimentos, algún efecto ha tenido en ciudades como Bogotá.

Bueno, y el tercer tema de esta entrevista es el Plan de Desarrollo frente al presupuesto nacional. El Plan de Desarrollo parece ser un plan muy feliz, lleno de metas muy plausibles, muy bonitas, muy románticas, muy sociables, ¿Pero qué tan real es enfrentado con el presupuesto nacional?

El plan cuatrienal de desarrollo, primero que todo, es un documento abigarrado, 1.500 páginas, casi 400 artículos, pero tiene una parte que son las inversiones que se aspiraría ejecutar en este cuatrienio, y allí se programan inversiones de todo lo habido y por haber, y en todas las magnitudes, hasta el punto de que el Plan de Desarrollo prevé para este cuatrienio inversiones de 1.100 billones de pesos. Pero claro, como la constitución colombiana dice que no se puede gastar un solo peso en Colombia que no esté autorizado por el presupuesto, ya con miras al presupuesto del año entrante, que se está preparando y que se va a presentar en estos días, ya se empieza a ver la discrepancia…

¿Ante el Congreso?

Sí, ante el Congreso se tiene que presentar en los primeros diez días de cada legislatura, es decir, en la última década de julio hay que presentar el presupuesto. Entonces, ya cuando el presupuesto se empieza a preparar, ve uno cómo por un lado el Plan de Desarrollo se preparó con el deseo y se apuntó esta vida y la otra. Pero cuando se ve qué de eso se puede ejecutar, ya choca contra las realidades de las precariedades presupuestales…

¿Cuáles serían las protuberancias de ese choque?

Las protuberancias de ese choque es que frente a las proyecciones del Plan de Desarrollo de gasto y las posibilidades reales de gasto hay una brecha cada vez más grande. Y eso lo vamos a ver patéticamente cuando se registre en los próximos días el presupuesto en el Congreso. Ya tenemos los primeros indicios: a la JEP y a las entidades de la justicia transicional ya les anunciaron un recorte del 30 por ciento (que fue reversado después de esta entrevista). Ayer salió la noticia de que Invias, para sus carreteras, va a tener un recorte de 3 billones de pesos. Y va a haber un chillido monumental, anticipo yo, cuando se conozca el magro presupuesto de inversión para el año entrante. Es decir, lo que uno ve es que el Plan de Desarrollo y sus faraónicas inversiones están teniendo un aterrizaje de barriga en las realidades del presupuesto.

Si usted fuera el ministro de Hacienda del momento, ¿qué haría para virar?

Mire, durante la presidencia de Betancur hubo una emergencia laboral en el país, como la que empieza a verse en el horizonte aquí en Colombia en este momento. Y, entonces, no solo se convocó de urgencia una misión del empleo, que coordinó la OIT, sino que el país se puso en modo de generar empleo. Yo veo al Gobierno hablando de todo lo habido y por haber…

En el Congreso han citado para un debate político a la ministra, concretamente sobre el tema de Rappi. No digo que no haya que discutirlo. Pero el problema del empleo es mucho más general y de fondo…

Sí, lo de Rappi, eso naturalmente hay que regularlo, esa gente no se puede dejar con esos morrales anaranjados tirados en las esquinas de las calles sin ninguna prestación social y demás. Está bien que le pongan algún orden. Pero el problema empieza a lucir mucho más grave que eso, y entonces cuando las soluciones tienen que ser mucho más grandes, pues uno vería que no solo se está convirtiendo el desempleo en el mayor problema, sino que debía ser el gran tema del Gobierno, que es el que tiene que empujar, promover las grandes políticas de generación de empleo. El sector privado también, no puede sacar el bulto, pero el Gobierno tiene que ser el líder, como lo fue en ese último año de Betancur. Que entre otras cosas, nos hace mucha falta Belisario.

Por muchas. ¿Pero cuál es la suya específicamente?

Porque viendo todo esto que está pasando, constata que Belisario tenía mucha razón cuando dijo: “Puede que yo no haya sido el mejor presidente, pero sí creo haber sido el mejor expresidente”. Y eso se está corroborando en estos días… (risas de los dos).

MARÍA ISABEL RUEDA
Especial para EL TIEMPO

 

16 negocios, aportando. Cepal estima que Colombia será el 4.° de la región en lograr más ingresos.

Colombia sería el cuarto país con la mayor proyección de ingresos por cuenta del IVA a plataformas como Uber, Netflix, Spotify y Apple.

Aunque las protestas de taxistas del servicio tradicional en Colombia, en contra de plataformas digitales de transporte, como Uber y similares, reclaman desigualdad en las cargas, en temas tributarios en Colombia ya el IVA a las plataformas es una realidad.

Según confirmó la Dian, con corte a mayo, ya hay 16 empresas que han aportado 116.630 millones de pesos al recaudo público.


La medida fue introducida en el país desde julio del año pasado. Y se aplica a los servicios prestados desde el exterior, a través de plataformas como 'streaming' y de servicio de transporte. Los cobija la tarifa general de este impuesto, que es del 19 por ciento, y, desde enero de este año, empezaron los pagos, que son bimestrales (en ese mes aportaron por el semestre anterior).

El camino que falta aún es largo, puesto que la tributación a la economía digital, que cada vez cobra más presencia en el mercado, es el mayor desafío para el recaudo en los países.

Sin embargo, el panorama es prometedor. Así se desprende del informe ‘Panorama fiscal de América Latina y el Caribe’, presentado por la Cepal, en busca de trazar la línea en materia de “políticas tributarias para la movilización de recursos en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”.

Después de México, Brasil y Argentina, por su tamaño en población y avances en la economía digital, Colombia sería el cuarto país con la mayor proyección de ingresos por cuenta del IVA a plataformas
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Después de México, Brasil y Argentina, por su tamaño en población y avances en la economía digital, Colombia sería el cuarto país con la mayor proyección de ingresos por cuenta del IVA a plataformas como Uber, Netflix, Spotify y Apple.

El organismo parte de la idea de que la evasión fiscal y, más aún, la transformación en la economía que está generando el mundo digitalizado son una de las principales barreras para movilizar más recursos públicos para inversión en los países, de manera que puedan atacar más efectivamente fenómenos persistentes como pobreza y desigualdad.

Colombia y Argentina, pioneras en reformas
En ese contexto, las naciones de América Latina han realizado reformas tributarias, muchas de ellas con enormes costos políticos, buscando generar más ingresos, que, de la mano con estrategias para reducir la corrupción en el manejo de los recursos públicos, pueda contribuir a sacar a las naciones de la región del rezago que tienen frente a los países desarrollados. Dichas reformas, en general, buscan incorporar los servicios digitales transfronterizos a la base gravable del IVA, como ya lo hizo Colombia.

De acuerdo con el informe de la Cepal, Argentina fue una de las pioneras en introducir el IVA a las plataformas. Lo está cobrando desde el 27 de junio de 2018, con una tasa del 21 por ciento, con lo cual logró recaudar 19 millones de dólares en los primeros cuatro meses (hasta donde midió la Cepal).

Colombia adoptó para el IVA prácticamente todas las recomendaciones de la Ocde relacionadas con los servicios digitales
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Colombia, en la actualidad, estaría en segundo lugar en Suramérica, entre las pioneras en introducir el cobro de IVA a plataformas. Realizó el cambio normativo en la reforma tributaria de 2016, pero solo en abril del 2018 el Ministerio de Hacienda anunció su entrada en vigencia. Posteriormente, en junio, emitió las reglas de juego y estableció el plazo para que se pusieran al día (enero del 2019).

Con ello, “Colombia adoptó para el IVA prácticamente todas las recomendaciones de la Ocde relacionadas con los servicios digitales”, dijo la Cepal.
Implica tratar tributariamente los servicios prestados desde el exterior como si se estuvieran prestando en el territorio nacional.

Las proyecciones
La Cepal hizo una estimación de la recaudación que podría generarse en los países de la región con la aplicación del IVA, solo contando con cuatro de las más importantes empresas digitales.

Es así como Brasil –la que es la primera economía de la región– estaría a la cabeza de las ventas, con 1.817 millones de dólares, pero no del recaudo, precisamente porque no ha fortalecido la tributación a servicios digitales. Su recaudo proyectado al año estaría en 157,1 millones de dólares después del de México que, si bien es el segundo en mayores ventas de las cuatro plataformas (US$ 1.282 millones), sería el primero en recaudación por servicios digitales: 178,8 millones de dólares anuales.

Le sigue Argentina, que ocupa el tercer lugar, tanto en ventas de las plataformas como en recaudación potencial. De 497,6 millones de dólares que reciben las empresas por su actividad comercial, aportarían 87,1 millones de dólares.

El cuarto puesto en generación de ingresos por impuestos a las plataformas le corresponde a Colombia, donde las ventas de las plataformas serían de 381 millones de dólares, por las cuales tributarían 53,1 millones de dólares. Aquí se destaca que esta cifra, en pesos, es cercana a los 159.000 millones, lo que encaja con el recaudo que lleva la Dian más la que falta en el resto del año.

REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS

 

 

La Agencia Internacional de Energía prevé que el promedio mínimo de bombeo de hidrocarburo estaría en 890.000 barriles para 2019.

Nuevamente y en el presente año, la Agencia Internacional de Energía (AIE) le reconoció al país su tarea en la industria petrolera al mejorarle la previsión en cuanto a la producción de crudo para 2019 y 2020.

Según el más reciente informe del mercado petrolero mundial elaborado por el organismo, como van las cosas, Colombia podría cumplir en el presente año con el promedio de extracción de 900.000 barriles por día (bpd).

Incluso, estima que el índice llegaría a los 880.000 bpd para 2020. Ambas cifras son positivas para la operación petrolera del país, si se tiene en cuenta que en 2018, la producción diaria de crudo registrada fue de 870.000 barriles.

“Los descubrimientos de hidrocarburos reportados en lo corrido del año le han permitido al país volver al radar petrolero mundial, no solo por el aumento en la producción, sino por volverse foco de atracción para las multinacionales petroleras”, señaló Luis Miguel Morelli, presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).
Otro de los registros a destacar en el informe de la AIE tiene que ver con la proyección trimestral en el bombeo de crudo.

Mientras que para el segundo trimestre del presente año el organismo estima una producción promedio diaria de 900.000 barriles, para el tercer trimestre sería de 890.000 bpd y para el cuarto también de 890.000 bpd

“La producción de petróleo en el país entre enero y mayo de 2019 fue de 892.368 barriles promedio día, lo que significa una variación anual de 4,47% con respecto a los cinco primeros meses de 2018, cuando se registró una producción de 854.190 barriles promedio día”, señaló la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez.

El informe de la AIE va más allá y lanza la previsión de que, para el primer trimestre de 2020, el promedio de bombeo de crudo de Colombia sería de 890.000 barriles.

“El país ha logrado mantener un nivel de producción cercano a los 900.000 barriles, pero no está garantizado a futuro. De ahí la importancia de que la reactivación se materialice y que sea sostenible. Ello solo ocurrirá, si se entiende la relevancia de los hidrocarburos para Colombia, y si el Estado, al unísono, decide superar los obstáculos estructurales que aún tenemos. Se han tomado medidas en la dirección correcta, pero nuestra competitividad aún es frágil”, señaló Francisco José Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP).

Otra de las previsiones que hace la Agencia Internacional de Energía es con respecto a la extracción de crudo en los últimos meses. Para marzo y abril, estimó 870.000 bpd (el Ministerio de Minas y Energía (MME) reportó 892.103 bpd para marzo y 891.012 bpd para abril).

Así mismo, para junio proyectó 890.000 bpd (el MME señaló 894.000 bpd), y ahora la previsión es que para julio el promedio de extracción diaria llegaría a los 900.000 barriles.
“La ley de financiamiento está favoreciendo la reactivación petrolera del país. Da un marco fiscal para el equilibro de las inversiones. Además, se trabajó en todo el tema de reactivar los contratos costa afuera. Así mismo, el Proceso Permanente para la Asignación de Áreas (PPAA) le están dando un gran impulso al sector petrolero”, recalcó la jefe de la cartera minero energética. Por su parte el presidente de la ACP, resaltó que “la industria aplaude la puesta en marcha del PPAA para que cada una de las etapas finalice de manera exitosa.

Una mayor inversión en el sector se traduce en la oportunidad de explorar y de ampliar nuestras reservas (ya diezmadas), de aumentar la producción de hidrocarburos, de generar recursos para la sostenibilidad fiscal y macroeconómica y nuevas oportunidades de desarrollo, empleo y crecimiento económico para las regiones”.

RESERVAS: GAS Y PETRÓLEO

Según la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Colombia incrementó en 9,9% sus reservas probadas de crudo entre 2017 y 2018, al pasar de 1.782 a 1.958 millones de barriles (Mbls) al cierre del año anterior. En consecuencia, la vida media útil de las reservas de Colombia aumentó en cinco meses, al pasar de 5,7 años a 6,2 años.

En materia de gas, las reservas probadas del país cayeron 2,9%, al pasar de 3.896 a 3.782 giga pies cúbicos (Gpc) durante el año pasado. Por tanto, la vida útil de las reservas probadas del país se redujo en 1,9 años, al pasar de 11,7 a 9,8 años en 2018.
Esta tendencia se observa desde el año 2012.

Alfonso López Suárez
Redacción Portafolio

 

Viernes, 19 Julio 2019 14:52

En el mapa internacional

Cuando aparezcan datos más desagregados será posible esbozar hipótesis sobre por qué el dinero continúa arribando.

Ricardo Ávila
Director de Portafolio

POR: RICARDO ÁVILA JULIO 14 DE 2019

Para un país que se ve mal en las clasificaciones internacionales, debido al elevado déficit que muestran sus cuentas externas, resulta un alivio saber que hay manera de cubrir –al menos parcialmente- ese saldo en rojo. Así lo confirma el más reciente reporte del Banco de la República, que contiene las cifras de la balanza cambiaria, con corte al primer semestre del año.

De acuerdo con la entidad, la inversión extranjera directa subió con fuerza entre enero y junio, al llegar a un guarismo de 4.940 millones de dólares, 20 por ciento más que en igual lapso del 2018. Sin duda alguna, el principal componente de esas llegadas de dinero son los sectores de minería y petróleo, que representan el 78 por ciento del total señalado.

No obstante, el componente más dinámico fue el de “otros sectores” con un incremento del 33 por ciento en el periodo considerado. Lo anterior sugiere que existe una tendencia hacia la diversificación de renglones, más allá de que las industrias extractivas acaparen la mayoría de los capitales que ingresan efectivamente desde afuera.

Aunque la estadística que más se sigue proviene de la balanza de pagos, en donde también se incluyen otros conceptos como la reinversión de utilidades, la experiencia sugiere que no habrá cambio de tendencia. Dada la incertidumbre que afecta el ritmo de la economía mundial, no es un logro menor seguir en el mapa de las multinacionales, a pesar del fortalecimiento del dólar o la pérdida relativa de lustre de las naciones emergentes.

Especialmente llamativo es que las cifras más abultadas de Colombia se contraponen con las dudas en México y Argentina, usualmente polos dinámicos al atraer inversionistas. Brasil es todavía una incógnita, mientras que Perú y Chile llaman la atención, aunque no como antes. Cuando aparezcan datos más desagregados será posible esbozar hipótesis sobre por qué el dinero continúa arribando. Entretanto, es positivo que los movimientos observados no solo ayudan a cubrir el faltante de la cuenta corriente de la balanza de pagos, sino que son una clara señal de confianza.

 

 

Dotar a todos los segmentos de la población de herramientas básicas para tener una mejor salud financiera es una tarea de nunca acabar en todos los países, independientemente del nivel de desarrollo de sus economías.

Esto permite que las personas estén en capacidad de tomar mejores decisiones sobre su dinero, lo que redundará en un mejor bienestar, en mayor crecimiento económico y en estabilidad financiera.

(Solo 5 países de América Latina tienen planes de educación financiera).


Y en momentos de transformación digital -que trae nuevos riesgos-, la falta de conocimiento puede generar exclusión financiera, según lo plantearon expertos durante el EduFin Summit 2019, evento organizado por el Centro para la Educación y Capacidades Financieras de BBVA, que se realizó la semana pasada en Madrid.

El presidente del grupo financiero español, Carlos Torres Vila, señaló que “el fomento a la educación es clave para enfrentar los retos sociales porque es la verdadera puerta a las oportunidades, y eso es especialmente cierto en cuanto al conocimiento sobre el dinero y sus finanzas”.

Y añadió que, según diversos estudios, en general dicho conocimiento es bajo entre la población, lo que lleva “a que se tomen decisiones que, lejos de optimizar su vida y su salud financiera, les generan problemas”.

Carlos Torres Vila, presidente del BBVA.

CORTESÍA

Explicó que, sin una adecuada educación financiera, es difícil tomar conciencia de las implicaciones que tienen en el futuro las decisiones que se toman en cada etapa (especialmente aquellas relacionadas con consumo), de lo que supone endeudarse en exceso, de no tener cubiertos riesgos que pueden ser catastróficos, así como del aumento en la expectativa de vida y las dificultades para mantener el nivel de vida cuando desaparece la fuente principal de ingreso.

Pero además, hay otros cambios que exigen una mayor formación en temas financieros.
Esto incluye la creciente oferta y complejidad de los productos financieros, pues sin conocimiento básico se dificulta hacer una elección adecuada, la transformación digital, que trae nuevos jugadores al mercado y una demanda diferente.

“La variedad es buena, pero exige procesar mucha información para la cual no estamos preparados”, dijo José Manuel González, director de Economía Global y Relaciones Institucionales de BBVA.

En esto coincidió Flore-Anne Messy, jefa de la división de Asuntos Financieros en la Ocde (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), quien dijo además que esto trae nuevos riesgos que, además de los temas de seguridad de la información, incluyen el uso inadecuado de los nuevos productos, y una protección desigual a los consumidores.


(La educación financiera como motor de las mipymes).

De hecho, la facilidad de acceso a los productos puede generar excesiva confianza, especialmente en los consumidores jóvenes con sus respectivos riesgos en materia de sobreendeudamiento.

Pero además, Messy advierte que la digitalización trae nuevos tipos de exclusión financiera, principalmente a las personas mayores y a quienes son de bajos ingresos, que resultan ser quienes tienen menores niveles de conocimiento digital y financiero.

A su turno, Rolando Arellano, consultor peruano, explicó que la digitalización simplemente agiliza procesos que hoy se vienen dando, pero no los mejora o empeora.

Para el experto, el derecho en el acceso a servicios financieros está en conocer un producto, buscarlo y lograr acceso, pero en la actividad financiera muchas veces se da esto en el orden inverso, en el cual se sobreestima el conocimiento que tienen los usuarios.

“La gente va a la acción sin informarse y entra en un círculo vicioso: no sabe cómo o cuánto tiene que pagar, se enoja con el sistema y se excluye. Con esto, pierde no solo esa persona, también el sistema financiero y la economía en su conjunto”, señaló.

Entre tanto, el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, señaló que la educación financiera es una herramienta adicional a la supervisión de conducta y de solvencia a las entidades, pues tiene una gran importancia para la estabilidad financiera.

EFECTO EN LA ECONOMÍA

Aunque existen datos sobre el impacto del sector financiero en la economía y sobre los hábitos de uso de los productos financieros, no es posible cuantificar con exactitud el impacto de la educación financiera en el PIB.

Pero, así no exista una cuantificación, sí hay evidencia que los países con mejores puntajes en conocimiento financiero tienden a ser más ricos, sus niveles de inequidad son menores y las personas tienen menos probabilidad de caer en la pobreza, según Maria Demertzis, directora adjunta en el centro de investigaciones Bruegel, tomando como base los resultados de una encuesta sobre conocimiento financiero realizada por S&P.

Sin embargo, la directiva advirtió que “tener destrezas digitales no es tener destrezas financieras”.

Sin embargo, una forma de medir la salud financiera de la población es la capacidad que tiene para sobrevivir en caso de perder su fuente de ingreso, con ahorros o acceso a préstamos.

Una encuesta realizada por BBVA en cinco países de la región señala que el 75 por ciento de las personas logra subsistir menos de tres meses.

 

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